La trazabilidad alimentaria es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de los alimentos y conocer su recorrido a lo largo de toda la cadena alimentaria. Además, disponer de un sistema adecuado de trazabilidad es una obligación para las empresas del sector alimentario.

No poder identificar correctamente el origen, los lotes o el destino de los productos puede dificultar la gestión de una alerta o retirada y, además, dar lugar a infracciones y sanciones económicas. En este artículo analizamos qué exige la normativa y cuáles pueden ser las multas por no disponer de una trazabilidad alimentaria adecuada en España.

¿Es obligatoria la trazabilidad alimentaria en España?

Sí. La trazabilidad alimentaria es obligatoria en España y debe garantizarse a lo largo de todas las etapas de la producción, transformación y distribución de los alimentos. Esta obligación está establecida principalmente en el Reglamento (CE) nº 178/2002, cuyo artículo 18 exige que los operadores puedan seguir el rastro de los alimentos, piensos, animales destinados a la producción de alimentos y sustancias que se incorporen o puedan incorporarse a estos.

En España, esta obligación también queda recogida en la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Las empresas deben disponer de sistemas y procedimientos adaptados a su actividad que permitan identificar tanto a quienes les han suministrado los productos o materias primas como a las empresas a las que posteriormente han suministrado sus productos. Esta información debe poder ponerse a disposición de las autoridades competentes cuando sea requerida.

¿Qué pasa si una empresa no tiene trazabilidad alimentaria?

Si una empresa no puede identificar correctamente qué proveedor suministró una materia prima, qué lotes se utilizaron en la elaboración de un producto o a qué clientes se distribuyó, puede resultar mucho más difícil localizar y retirar rápidamente los alimentos afectados ante una alerta. Esto puede provocar que la retirada tenga que ampliarse a una mayor cantidad de producto y aumentar tanto los costes como las consecuencias comerciales para la empresa.

Además, durante una inspección sanitaria, las autoridades competentes pueden solicitar los registros y la documentación necesarios para comprobar que el sistema de trazabilidad funciona correctamente. La ausencia de documentos o registros exigidos, la falta de datos esenciales o no disponer de sistemas que permitan identificar a los proveedores puede constituir una infracción de acuerdo con la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Por tanto, una trazabilidad inexistente o deficiente puede suponer problemas para gestionar retiradas de producto, dificultades durante las inspecciones, pérdida de control sobre los lotes y posibles sanciones económicas. La gravedad de la infracción y la cuantía de la multa dependerán de las circunstancias concretas de cada caso.

Multas por no tener trazabilidad alimentaria

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la trazabilidad alimentaria puede dar lugar a sanciones económicas en España. La Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves en función de factores como el riesgo para la salud, la intencionalidad, la gravedad de la situación o la reincidencia.

Infracciones leves

Las deficiencias en los registros o documentos obligatorios relacionados con la seguridad alimentaria pueden considerarse infracciones leves, siempre que por sus características no deban clasificarse como graves o muy graves.

Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas de hasta 5.000 euros.

Infracciones graves

La falta de trazabilidad puede constituir directamente una infracción grave en determinados supuestos. Entre ellos se encuentran la ausencia de documentos o registros exigidos por la normativa, la falta de datos esenciales para garantizar la trazabilidad o no disponer de sistemas y procedimientos que permitan identificar a los proveedores.

En estos casos, las sanciones establecidas para las infracciones graves se sitúan entre 5.001 y 20.000 euros.

Infracciones muy graves

Una deficiencia de trazabilidad puede quedar vinculada a una infracción muy grave cuando concurren circunstancias especialmente graves previstas por la normativa. Por ejemplo, cuando determinadas conductas se realizan de forma consciente y deliberada y la falta de los controles o precauciones exigibles comporta un riesgo grave para la salud pública, o cuando existe reincidencia en la misma infracción grave durante el último año.

Las infracciones muy graves pueden conllevar multas de entre 20.001 y 600.000 euros. Además, la Administración competente puede acordar el cierre temporal del establecimiento o instalación durante un máximo de cinco años.

Cómo evitar sanciones relacionadas con la trazabilidad alimentaria

• Identificar correctamente a los proveedores: registrar de quién procede cada materia prima, ingrediente o producto recibido, junto con la información necesaria para identificarlo.
• Controlar los lotes: asignar y registrar correctamente los números de lote para poder relacionar las materias primas utilizadas con los productos elaborados.
• Mantener la trazabilidad durante la producción: conservar la relación entre materias primas, procesos, productos intermedios y productos terminados cuando sea necesario para garantizar un seguimiento adecuado.
• Registrar el destino de los productos: poder identificar a qué clientes profesionales se han suministrado los diferentes productos o lotes.
• Mantener los registros actualizados y accesibles: la información debe poder localizarse con rapidez ante una inspección, alerta alimentaria o necesidad de retirada de producto.
• Establecer procedimientos de retirada y recuperación: la empresa debe estar preparada para localizar los lotes afectados y actuar rápidamente cuando exista un problema de seguridad alimentaria.
• Comprobar periódicamente el sistema: realizar ejercicios o simulacros de trazabilidad permite verificar si realmente es posible reconstruir el recorrido de un producto y detectar posibles deficiencias antes de que se produzca una incidencia.
• Digitalizar la trazabilidad: utilizar herramientas digitales puede facilitar la gestión de lotes y registros, reducir errores manuales y agilizar la consulta de información.

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